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EspañolEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la denuncia presentada por un socio del Barça contra el expresidente del club y candidato a la reelección, Joan Laporta, y contra quien fuera su equipo directivo, por delitos —entre otros— de blanqueo de capitales, y abre la puerta a que los hechos se investiguen en Barcelona, según el auto al que ha tenido acceso El Periódico. Por lo tanto, el socio deberá presentar la denuncia de nuevo en Barcelona si quiere que se investigue el caso.
Con su tradicional estilo, muy escueto, el juez Pedraz hace suyo el informe de la fiscalía y declara que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos denunciados, al no haberse cometido íntegramente en el extranjero todos los delitos denunciados, sin entrar a valorar si existen indicios de su comisión. Eso deja la puerta abierta a que el denunciante vuelva a presentar la denuncia por las conductas que considera ilícitas ante los juzgados de Barcelona. La denuncia relata una presunta estructura en el extranjero con sociedades en Chipre y Dubái, pero también operaciones realizadas en la capital catalana y sede del club.
El auto del juez precisa que los hechos denunciados “no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional”. El magistrado añade que, como señala el Tribunal Supremo, los juzgados centrales de instrucción de Madrid únicamente son competentes cuando el delito “se cometa en su integridad en el extranjero” y, sin embargo, los hechos atribuidos en la denuncia incluyen, además del blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad y administración desleal.
En magistrado sostiene que los delitos de administración desleal, contra la Hacienda Pública y de organización criminal cuentan con "una evidente vinculación territorial con las conductas descritas". Añade que, como dijo el Tribunal Supremo al establecer jurisprudencia, "se identifican, así pues, acciones radicadas en Barcelona que pueden ser tachadas de típicas". Los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental traen su origen en los anteriores. De ahí que la Audiencia Nacional carezca de competencia para investigar lo denunciado. El rechazo de la denuncia deja abierta la puerta a que el denunciante vuelva a intentarlo ante los juzgados que sí serían competentes: los de Barcelona. Laporta y el FC Barcelona han negado las acusaciones.
Las cinco operaciones
En esta presunta trama, la acusación incluye cinco operaciones relevantes: la venta de activos digitales del club (Barça Visión/Bridgeburg Invest), “en condiciones perjudiciales para la entidad”; la adjudicación sin licitación del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a la sociedad New Era Visionary Group (NEVG); la compra de asientos de lujo del estadio a esta misma mercantil; la adjudicación de la construcción del nuevo campo; y el supuesto pago de una intermediación en la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional estadounidense Nike. Además del blanqueo de capitales, la denuncia añade los delitos de fraude a Hacienda y organización criminal.
En el escrito presentado en el juzgado, el socio, representado por un abogado y un procurador, detalla un entramado de sociedades radicadas en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia, que define como una “estructura” de “cobro de comisiones indebidas”, pagadas en “jurisdicciones opacas”. Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de “negocios aparentemente legítimos”. Según el denunciante, en la operativa se aprecia “ánimo de ocultación”, con la utilización de “sociedades pantalla” y el “secreto en la identidad de los inversores”. Esta situación, reseña, habría originado un supuesto “perjuicio potencial para el club” en beneficio de los gestores “implicados” en esa presunta red, formada por empresas españolas y otras radicadas en el extranjero.