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EspañolLa Comisión Europea tomó medidas legales contra España y Malta por incumplimientos en la transposición de normativas comunitarias. Concretamente, por no transponer en plazo la Directiva Delegada (UE) 2023/2775. Esta directiva ajusta los criterios de tamaño de las empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes) para adaptarlos a la inflación. El plazo para trasponer esta norma finalizó el 24 de diciembre de 2024, y tanto España como Malta fallaron en la notificación de las medidas nacionales de aplicación.
Estas acciones se suman a un contexto donde España ha sido señalada por la Comisión como uno de los países con más expedientes de infracción abiertos por falta de transposición de normativas europeas.
Se pretende adaptar la normativa contable europea a la realidad económica actual
En su comunicado, la institución explicó que ha optado por llevar a ambos países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado a su legislación nacional la Directiva Delegada (UE) 2023/2775. Esta norma establece ajustes en los criterios que determinan el tamaño de las empresas y de los grupos empresariales, clasificándolos como micro, pequeños, medianos o grandes.
La directiva mencionada tiene como finalidad actualizar los parámetros vigentes desde 2013, teniendo en cuenta el impacto acumulado de la inflación en los últimos años. De este modo, se pretende adaptar la normativa contable europea a la realidad económica actual, garantizando que la clasificación empresarial refleje mejor las condiciones del mercado.
El plazo fijado para que los Estados miembros completaran la transposición de esta directiva finalizaba el 24 de diciembre de 2024. Según la Comisión, la mayoría de los países de la Unión Europea ya ha notificado la incorporación total de la norma a su ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, España y Malta aún no han comunicado formalmente dichas medidas.
Emisión de dictámenes
Al no recibir una respuesta satisfactoria, el siguiente paso fue la emisión de dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. Este documento representa una fase avanzada del procedimiento de infracción y constituye una advertencia formal previa a la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia.
Pese a estas actuaciones, el Ejecutivo comunitario considera que los esfuerzos realizados hasta ahora por las autoridades nacionales han sido insuficientes. Según su valoración, no se ha producido una notificación completa de la transposición de la directiva al derecho interno, lo que mantiene abierto el incumplimiento.