H ace poco más de cien (100) días que la nueva gestión gubernamental, a la cabeza del presidente, Rodrigo Paz Pereira, asumió el control y la dirección del Estado.
Desde entonces, (aplicando el método ‘oxfordiano’ de selección terminológica para el análisis de la retórica presidencial), la tónica ha pasado del patriotismo desaforado, la búsqueda de la moratoria de obstáculos burocráticos, la simplificación de los procesos de importación, o la eliminación del subsidio a los carburantes, hasta el restablecimiento estratégico de relaciones diplomáticas y consulares a nivel internacional.
Nada mal para tratarse de un periodo cargado de profundo escepticismo popular, amenazas constantes de desestabilización de vetustos actores políticos y, por sobre todas las cosas, una sensación generalizada de cambio y necesidad de reforma estructural en las maneras de entender y, particularmente, de hacer política partidaria.
Pero, más allá de este diagnóstico preliminar del ‘estado del arte’ de la gestión presidencial, existe un elemento que merece ser, pero no ha sido aún, plenamente desarrollado:
Los mercados de carbono. Una promesa presente en varias candidaturas presidenciales iniciales y, también, en la dupla final que terminó catapultando al tercer integrante de la dinastía Paz, hacia la primera magistratura del Estado.
Comencemos por el principio (…): en 2015, durante la Vigésimo Primera edición de la Conferencia de las Partes del Sistema de las Naciones Unidas (COP21), celebrada en París, ciudad sede del acuerdo homónimo, se fijó el objetivo primordial de limitar el aumento de la temperatura promedio mundial a 1.5°C, teniendo consciencia de que, según datos del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), las políticas actuales podrían provocar un aumento de 3.1°C para final de siglo, lo que obligaría a los países a elevar su ambición climática, a la par de reducir las emisiones de forma drástica y casi insalvable.
Desafortunadamente, los flujos financieros actuales son entre tres y seis veces menores a aquellos requeridos para el 2030 y, son justamente las regiones en situación de vulnerabilidad más acentuada, como la latinoamericana, las que mayores desafíos (y amenazas) enfrentan.
Es ahí donde ingresan los mercados de carbono, movilizando recursos para la reducción de emisiones y el desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, con un acto tan simple como la fijación del precio del carbono, se ha logrado ya una cobertura del 28% de las emisiones mundiales, según datos del propio Grupo Banco Mundial, lo que ha generado más de 100.000 millones de USD, solamente en 2024, información cotejada, por su parte, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pero, ¿cómo hacer plenamente ‘operativizables’ los mercados de carbono?
La respuesta preliminar, se entiende solamente a la luz de las disposiciones del artículo 6 (referirse a la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas – UNFCCC) del Acuerdo de París, finalizadas en la 29.ª Conferencia de las Partes (COP29), celebrada en 2024, en Bakú. Es ese el primer paso, para permitir un comercio transparente y responsable de las reducciones de emisiones entre países.
En paralelo, el Acuerdo de París ha aumentado la confianza en los mercados de carbono, y el 83 % de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de los países ahora procuran utilizar mecanismos de mercado. Además, las empresas utilizan cada vez más mecanismos de fijación de precios internos para guiar las inversiones.
Ahora bien, partiendo de la existencia de dos (2) tipologías principales de mercados de carbono (voluntarias y de cumplimiento), uno de los principales desafíos a los que se enfrentan es la calidad de sus créditos. No todos los créditos representan una reducción o eliminación de emisiones real, adicional o duradera. Casi mil millones de créditos antiguos (llamados créditos “vintage”) permanecen sin utilización en el mercado, a menudo vinculados a proyectos con un valor ambiental cuestionable. Y, ¿cuál es el problema? Pues, si los créditos de baja calidad inundan el sistema, socavan la confianza y la eficacia de la fijación del precio del carbono. Para abordar esta problemática, organismos de gobernanza como el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario del Carbono (ICVCM, por sus siglas en inglés) están estableciendo normas rigurosas (Principios Fundamentales del Carbono) que ayudan a los compradores y a los países a identificar y utilizar solo créditos de alta integridad.
Como recomendación, para evitar impactos acentuados de riesgo, los proyectos deben incluir salvaguardas sólidas, sujetar su actuar al respeto a los derechos de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y ajustarse a objetivos más amplios de desarrollo y derechos humanos. En última instancia, incorporar la integridad social y ambiental en los mercados de carbono es fundamental para generar confianza en la calidad de los mecanismos basados en el mercado como herramientas eficaces de mitigación del cambio climático.
(*) Luis Xavier Avalos Bozo es abogado, escritor e investigador con mención en estudios de desarrollo
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